Normalización y evaluación de la conformidad en México (Parte 2)

 

Continuaré en esta ocasión con el análisis de la situación de la normalización y la evaluación de la conformidad en México, ya que en la primera parte comenté que desde mi personal punto de vista había cinco errores importantes del sistema mexicano de normalización y evaluación de la conformidad, de los cuales presenté dos. Ahora continúo.

3.- El tercer error en materia de normalización, que afecta también la evaluación de la conformidad, ha sido que la dependencia rectora de todo el sistema de normalización y evaluación de la conformidad, que es la Secretaría de Economía, por medio de la Dirección General de Normas, las cual desde hace más de dos décadas perdió su liderazgo en esta materia y ha dejado que las demás dependencias gubernamentales, o como ahora las designa la ley, autoridades normalizadoras, que tienen atribuciones de elaborar normas oficiales mexicanas (que en realidad son reglamentaciones técnicas), así como vigilar su cumplimiento, y desarrollen esto como ellas quieran, puedan o lo entiendan, pero como no ha habido mucha gente competente en estas actividades se han cometido un sinnúmero de fallas en este esquema. Por ejemplo, un caso mencionado en la primera parte de este artículo, referente a que algunas dependencias han emitido "acuerdos" para establecer reglamentaciones técnicas, este tema que estaba expresamente prohibido en la ya cancelada Ley Federal sobre Metrología y Normalización  (LFMyN) en su artículo 40, a memos que fueran emitidos como bajo el procedimiento de norma oficial mexicana, por lo que esas dependencias no solamente incumplieron dicha ley, sino también la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que supuestamente existe para asegurar que todo tipo de documentos emitidos por las dependencias federales cumplan con todas las leyes. Ahora, este tipo de ilegalidad de esos “acuerdos” ha quedado en el limbo, ya que la mencionada LFMyN fue derogada en julio de 2020 y la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC) no considera ese tema, y como tampoco se ha emitido el reglamento de esta ley, está actualmente no regulado. Sin embargo, además de ese pequeño inconveniente de ilegalidad de esos acuerdos, que se siguen utilizando, ahora los están utilizando como base para esquemas de evaluación de la conformidad, también fuera de lo establecido en la ley.

Lo grave de esta situación es que tenemos un esquema de reglamentación técnica, a través de las normas oficiales mexicanas, atrasado y deficiente por parte de la mayoría de dependencias gubernamentales, y no se ve cómo se pueda superar esta situación en el corto plazo. 

Con la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC), se está pretendiendo que la Dirección General de Normas retome el liderazgo perdido en relación a estas normas, principalmente. Esperemos lo pueda lograr, pero no está fácil. Esto no se logra nada más por decreto, que ya lo tienen, sino con mucho trabajo, de manera consistente, y generando claridad y apoyo para todas las dependencias federales,   

No sé qué opine usted, pero creo que esto es una falla muy grave del esquema mexicano. La falta de conocimientos de las autoridades gubernamentales en materia de normalización, reglamentación técnica y evaluación de la conformidad, es un problema que debería solucionarse primero, para después enfocarse a corregir las otras deficiencias. 

4.- El cuarto error, tal vez el más grave de todos, pero ya no en el campo de la normalización, sino en el de evaluación de la conformidad, se cometió cuando recién se emitió la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en julio de 1992, por el aparente temor de que no hubiera interés en el sector privado para que se crearan los diversos tipos de organismos necesarios para el funcionamiento del modelo mexicano de evaluación de la conformidad; bueno, la verdad es que no sé cuál haya sido la causa verdadera, si haya sido por temor o por ignorancia de los funcionarios de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, o tal vez debido a que un funcionario de alto nivel, como de subsecretario, hubiera vendido corruptamente sus decisiones a ciertos sectores industriales o empresariales, por lo que se les concesionó, por decirlo de una manera no agresiva, a diversas cámaras industriales para que crearan sus organismos de normalización en algunos sectores productivos, y como la normalización por naturaleza es una actividad que no genera utilidades, para convencerlos les ofreció graciosamente que crearan también sus organismos de certificación, con la garantía, por parte de ese funcionario, de que serían acreditados por la propia Secretaría.

Fue por ello que los primeros organismos nacionales de normalización reconocidos y los primeros organismos de certificación acreditados fueron prácticamente los mismos, dependientes total o parcialmente de alguna cámara industrial:

a) Sociedad Mexicana de Normalización (NORMEX) - Cámara Nacional de la Industria de transformación (CANACINTRA)

b) Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC) - Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN)

c) Asociación de Normalización y Certificación (ANCE) - Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME)

d) Normalización y Certificación Electrónica (NYCE) – Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y  Tecnologías de la Información (CANIETI)

e) Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación (ONNCCE) – Hasta donde sé, este organismo no pertenecía a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), pero sí tenía su patrocinio.

f) Instituto Nacional de Normalización Textil (INNTEX) –  De igual manera, hasta donde sé este organismo tampoco pertenece a alguna cámara en particular, pero fue patrocinado por la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX), la Cámara Textil de Puebla y Tlaxcala (CITEX), la Cámara Textil de Occidente, la Cámara Textil del Norte y la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE).

En este sentido, creo que siempre es importante que una cámara industrial o de comercio participe activamente, o todavía mejor, que coordine actividades de normalización nacional, ya que tienen un gran poder  de convocatoria sobre muchas empresas, principalmente sus afiliadas, para generar la información valiosa con la que se inicie un anteproyecto de norma, y adicionalmente, una cámara tiene la capacidad de interactuar con los otros sectores participantes en estas actividades para desarrollar el resto del proceso de normalización.

Sin embargo, esta situación tan benéfica en materia de normalización no corresponde para el caso de las actividades de certificación. Cuando una cámara establece un organismo de certificación, desde mi punto de vista, se crea de manera natural un conflicto de intereses que hace perder la credibilidad tanto a ese organismo, como al acreditador y a todo el sistema de evaluación de la conformidad en el país. Esto genera, como ya mencioné, conflicto de intereses, competencia desleal y distorsión de todo el esquema de evaluación de la conformidad.

Le comentaré una anécdota, estimable lector, de un evento que se llevó a cabo hace ya muchos años, allá por 1995, presidido por un alto funcionario de la Secretaría en esos años de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), en el cual se entregaron los primeros certificados de calidad de producto en el sector eléctrico, por un organismo privado, que fueron entregados por quien en ese tiempo era directora de ANCE, el flamante organismo de certificación de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME), y que ahora lo es de la Entidad Mexicana de Acreditación (ema). Se aprovechó ese evento para hacerle un homenaje a un reconocido empresario, que hasta donde recuerdo se llamaba Don Jaime Dupuis, que era el entonces CEO o Presidente del Consejo de Administración de la empresa Mabe, que es y ha sido muy importante en México y en buena parte de América Latina, ya que los certificados que se entregarían en ese evento, eran para productos de esa empresa. Todo hubiera ido bien con ese evento, pero cuando se mencionó en ese homenaje al señor Dupuis, que en verdad había tenido una trayectoria formidable en el sector empresarial de México, que como mencioné era  CEO de la empresa Mabe, era también el Presidente vitalicio de ANCE, el organismo de certificación, había sido presidente de CANAME, la cámara propietaria de ANCE, y también, hasta donde recuerdo, había sido Presidente o Vicepresidente de CONCAMIN, cúpula camaral de la industria mexicana, me abrió los ojos ante la situación que se avecinaba en este país, y se transformó para mí, de un evento de alta importancia que era un orgullo haber sido invitado, a sentir vergüenza de cómo se habían manejado los aspectos de independencia y tercería, que todo organismo de certificación debería demostrar. Entonces, lo que se mostró en ese evento fue que el Gobierno de México reconocía que era maravilloso que un famoso empresario recibiera para su empresa, algunos certificados emitidos por su organismo certificador, con el aval de su cámara industrial. Y solo faltó que todo ese esquema hubiera estado acreditado por su propia cúpula empresarial de CONCAMIN, ya que en ese tiempo todavía no había sido reconocida la Entidad Mexicana de Acreditación (ema), creada por esa cúpula de cámaras industriales. Fenomenal. ¿Qué opinaría usted de esa situación? ¿Qué valor técnico y de confiabilidad puede tener que un organismo certificador propiedad de una cámara empresarial, acreditado por otro organismo dependiente del mismo u otro grupo industrial, certifique a una empresa afiliada a la misma cámara industrial, y que si se utilizan laboratorios de pruebas, éstos sean de otras empresas afiliadas a la misma cámara? ¿Y que todo esto suceda sin que haya un estrecho seguimiento de la dependencia gubernamental responsable de este esquema? ¿Es o no un terrible conflicto de intereses?

Desde mí personal punto de vista, sí lo es, y es desastroso como base para el desarrollo del país.      

De  hecho, en esa etapa inicial de implementación, solamente se formó un organismo de certificación de verdadera tercería, que no tenía dependencia ni de cámaras industriales o comerciales, ni de universidades, ni de alguna empresa, que era Calidad Mexicana Certificada (CALMECAC), del cual tuve el honor de estar entre sus fundadores, participando activamente en el desarrollo del proceso de certificación de sistemas de calidad, originalmente. Por lo mismo, ese organismo fue considerado como un problema para muchos funcionarios de la SECOFI, y como enemigo, por parte de los organismos camarales, incluyendo la Entidad Mexicana de Acreditación (ema), cuando ésta logró su reconocimiento.

Afortunadamente, en la actualidad hay varios organismos certificadores independientes y varios que son filiales de certificadores de otros países, pero las cámaras industriales siguen dominando estos mercados, aun con sus clarísimos conflictos de intereses y no hay quien los detenga.

5.- Esto nos lleva a que vendría siendo el quinto error en el modelo mexicano de normalización y evaluación de la conformidad. Y este es el que el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Economía, o inicialmente por su antecesora SECOFI, haya reconocido a la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) como la acreditadora nacional.

Tengo que confesar que en su momento esto yo no lo veía mal, de hecho tuve una participación importante para que este organismo fuera reconocido, y lo hice siempre considerando que, por transparencia y por sentido común, las cámaras industriales se desharían de sus organismos de certificación, y esto habría sido maravilloso para el país. Pero no fue así, las cámaras mantuvieron sus organismos y ahora tenemos un organismo acreditador, la ema, que es propiedad de la Confederación de Cámaras Industriales de México (CONCAMIN), que acredita a los organismos de certificación y unidades de verificación, o de inspección, como los denomina ahora la Ley de Infraestructura de la Calidad, entre otros, pero que en esos casos muchos son propiedad de cámaras industriales afiliadas a la CONCAMIN, o como en el caso del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC), que también es de CONCAMIN, para que certifiquen o verifiquen empresas o productos de empresas afiliadas a esas cámaras, por lo que esas empresas también están afiliadas a CONCAMIN. Si esto no es un grave problema de conflicto de intereses, no sé cómo se le podría llamar. Así las cosas, ¿Todavía pretenden en la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía que tengamos un sistema creíble basado en la independencia, capacidad y transparencia de las organizaciones participantes?

Todo este esquema ha llevado a que la ema, bajo este esquema corrupto y torcido, actúe como la autoridad de facto en México en materia de evaluación de la conformidad, lo que ha llevado a crear una gran mafia de organizaciones, y en esto incluyo a muchos laboratorios de pruebas y de calibración que son propiedad de empresas que forman parte de esta maraña de intereses, que han dejado a los verdaderos organismos de tercería y que cumplen con los principios de independencia y capacidad técnica, que sí existen, en estado de desventaja e indefensión ante los intereses de esos grupos.

Estos errores, insisto que es en mi opinión, han distorsionado y detenido en mucho el avance de México en materia de normalización y evaluación de la conformidad. Y nuestras autoridades de la Secretaría de Economía, que deberían velar por la correcta aplicación de este esquema mexicano, aparentemente están muy contentas, ya que se publicó en junio de 2020 la Ley de Infraestructura de la Calidad, con la que aparentemente no se pretende corregir ninguno de estos problemas que actualmente tenemos y que aquí menciono.

Agradeceré sus opiniones o comentarios al respecto.

Autor:

Ernesto Palomares Hilton